Con el propósito de fortalecer las facultades de la Legislatura para que pueda atender sus necesidades estructurales y funcionales, además de evitar que se repitan casos como el del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), el Grupo Parlamentario del PT, a través del diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, propuso facultar a la Junta de Coordinación Política a iniciar el procedimiento de remoción durante los primeros cinco días posteriores a que lo solicite la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador.
En sesión del Tercer Periodo Ordinario, presidido por la legisladora Violeta Nova Gómez, Luis Antonio Guadarrama precisó que, como parte del proceso, el derecho de audiencia del titular deberá celebrarse en un plazo no menor a cinco días ni mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de citación.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo —turnada a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— incluye establecer que los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos sean nombrados y removidos libremente por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Agrega que, en lo que concierne a su organización interna, la Legislatura tiene las atribuciones necesarias para contar y crear las dependencias y órganos técnicos para la ejecución de las responsabilidades y atribuciones que tiene encomendadas constitucionalmente.
Visto así, continúa, se estaría en condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que no pocas veces se ha visto inmersa la Legislatura para renovar a sus propias instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública.
Con esta iniciativa, además, se pretende abonar a la reorganización de la vida pública y la renovación de las instituciones y dotarlas de marcos normativos que día a día perfeccionen sus mecanismos de actuación en beneficio de los ciudadanos, en el mismo sentido que las fuerzas políticas que actualmente integran la Legislatura han aceptado con gran responsabilidad que el principal desafío es terminar con la corrupción y democratizar las instituciones.
Después de esta exposición, su compañero de bancada Javier González Zepeda, quien refrendó la necesidad de evitar casos como el del OSFEM, por lo que sugirió otros movimientos de funcionarios, entre ellos, del titular de la Dirección General de Comunicación Social.
EL PES BUSCA LIMITAR LA ENAJENACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), la legisladora María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que las solicitudes de enajenación de bienes que los ayuntamientos presenten durante el último año de su periodo a la Legislatura solo podrán autorizarse hasta seis meses antes de que concluyan su gestión.
La legisladora explicó que “ha sido una constante que algunos ayuntamientos, al término de sus periodos constitucionales, solicitan a esta soberanía disponer de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal para hacer frente a compromisos que pudieron ser planeados con anticipación”.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración para su estudio y dictamen, la propuesta señala que si bien los cabildos gozan de autonomía constitucional para disponer y administrar sus recursos, también lo es que en la nueva normatividad y apegados a los principios de la Cuarta Transformación se han establecido mecanismos para evitar prácticas irresponsables en el manejo financiero, así como el sobreendeudamiento de los ayuntamientos, en aras de fortalecer la responsabilidad en esta materia.
Por lo anterior, concluyó, se hace necesario que, en la víspera de la conclusión del ejercicio de las autoridades municipales, se garantice al menos en los 180 días previos a la entrada en funciones de las nuevas autoridades que no medien solicitudes ante el Congreso para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan provocar una modificación al patrimonio del municipio.
