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PROPONEN MORENA Y PT INICIATIVAS DE LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE MÉXICO

Toluca de Lerdo, México, 21 de mayo de 2020

La Diputación Permanente de la 60 Legislatura mexiquense recibió dos iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México. La primera, presentada por los diputados Max Agustín Correa Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, que afirma que la expedición de este ordenamiento será un paso positivo para resarcir los efectos más lacerantes del sistema de justicia penal mexiquense, el cual, señalan, ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones al derecho a un debido proceso, a la libertad y a la integridad.

La segunda iniciativa fue planteada por el diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, la cual pretende la reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad injustamente.

La propuesta morenista, leída por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la Permanente, recuerda que el Poder Legislativo del Estado de México tiene la atribución constitucional de conceder amnistía por delitos de la competencia de los tribunales estatales; sin embargo, no existe una ley local que regule el procedimiento.

Explicó que, al igual que la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, el proyecto local se enfoca en aquellas personas que, siendo inocentes, fueron privadas de la libertad o que, debido a los impactos psicosociales derivados de la pobreza se vieron en la necesidad de delinquir para sobrevivir, y aclaró que “bajo ninguna circunstancia se otorgará amnistía a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque estamos comprometidos con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización”.

La legisladora detalló que la amnistía es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse. Destacó que esta figura ha sido objeto de críticas en el sentido de que “favorece la impunidad, violenta el principio de igualdad y ayuda a quienes cometen algún delito en los que es aplicable”, sin embargo, afirmó que en México prevalecen las opiniones favorables al grado de que, desde la Constitución de 1857, la amnistía forma parte del sistema jurídico.

La propuesta de morena amplía los tipos penales que pueden ser sujetos de amnistía, entre ellos el aborto, y también considera a las mujeres sentenciadas por “exceso de legítima defensa” en la protección de su vida e integridad.

Asimismo incluye a personas de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quienes dadas sus condiciones socioeconómicas y culturales no ejercen plenamente su derecho a una defensa adecuada y son criminalizados por defender su territorio y recursos o bien se ven involucrados en delitos contra la salud por necesidad o forzados por el crimen organizado, así como personas con indicios de que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y aquellas que se encuentren privadas de la libertad por cualquier delito considerado no grave.

Además enfatiza, en el contexto de la pandemia de covid-19 y de la perspectiva de los derechos humanos, que deben tomarse en cuenta las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el sentido de que las autoridades examinen la manera de poner en libertad a individos especialmente vulnerables (mayores de edad y enfermos); de que liberen a todos los detenidos sin motivos jurídicos, como los presos políticos, y que consideren la reducción de la población penitenciaria mediante esquemas de liberación temprana o anticipada, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad.

El proyecto morenista aclara que con esta ley no se estaría liberando a personas que no lo merezcan, sino que se busca agilizar su salida de prisión con base en los supuestos establecidos en normas internacionales, y propone que sea el Poder Judicial el que valore si una persona se encuentra en alguno de los supuestos para ser objeto de amnistía, además de que se crea una comisión especial del Congreso, vigente únicamente durante el tiempo de la actual Legislatura, que conocerá propuestas de organismos de derechos humanos y solicitará la opinión de la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo y el Judicial del Estado de México.

La diputada Álvarez Nemer detalló que esta iniciativa propone una estructura en cuatro capítulos, en los que se establecen las obligaciones de las autoridades a quienes corresponde su aplicación; se conceptualizan los grupos vulnerables a los que está dirigido este beneficio; se incluyen 14 supuestos en los que se concede la amnistía; se enuncian las limitaciones de procedencia de la figura de amnistía; se clarifica la legitimidad para presentar la solicitud de admisión; se indica qué autoridades intervienen en el procedimiento, las formas, etapas y plazos en las que se llevará a cabo, así como el seguimiento y control de las solicitudes de amnistía.

VISIÓN HUMANITARIA Y REINSERCIÓN SOCIAL: PT

La propuesta del PT, leída por el legislador Bernardo Segura Rivera, considera necesario consolidar el sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, con una visión humanitaria, que permita lograr la reinserción social de personas que pudieron haber sido privadas de su libertad injustamente.

Reconoce la importancia de emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas con la creación de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores. Para ello, aseguró, se deben de garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistía, condicionadas a la aprobación de que las víctimas sean personas o colectividades, y proponerles un cambio de vida.

Advierte que es preocupante que en el contexto actual la privación de la libertad siga siendo la respuesta más empleada por el sistema penal, por lo que el enfoque de la reforma debe de ser responsabilidad conjunta del gobierno y de la sociedad, fomentando una cultura de la legalidad para combatir y prevenir el delito, de tal manera que existan mecanismos alternativos para la solución de controversias derivadas de los hechos delictivos.

Ambas propuestas fueron remitidas a las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente.

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