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«2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo de Sur»

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VIOLENCIA Y DELINCUENCIA VULNERAN DERECHOS HUMANOS: DIPUTADAS

Toluca, México, 13 de diciembre de 2019.

Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre, diputadas de los grupos parlamentarios de morena, PAN y PRD coincidieron en señalar el avance de México en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, pero también en apuntar que el país vive una situación de inseguridad que los vulnera.

En sesión del Pleno de la 60 Legislatura que preside el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, a su vez, las diputadas del PES, PT y sin partido se pronunciaron por otorgar mayor atención a las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.

Con la representación del grupo parlamentario de morena, la legisladora Xóchitl Flores Jiménez hizo un llamado “a toda la ciudadanía, a los órganos e instituciones para generar una mejor coordinación e impulsar un espíritu de diálogo y cooperación continua, para seguir fortaleciendo los derechos humanos en el Estado de México”.

Al recordar que el reconocimiento de estos derechos se remonta a la Revolución Francesa del siglo XVIII, señaló que en el Estado de México atraviesan una realidad donde sus constantes violaciones son un hecho preocupante, particularmente porque las instituciones que tienen a su cargo el brindar bienestar a la ciudadanía, entre ellas las de salud, seguridad social, seguridad pública, procuración de justicia, educación y vivienda, son las más señaladas por vulnerarlos.

Agregó que aún hay tareas pendientes en este tema con los mexiquenses, defensores de los derechos humanos, periodistas, presos políticos, mujeres y pueblos indígenas, y llamó a lograr que “los derechos humanos vayan de la mano con la participación de la sociedad civil debido a que se busca justicia, igualdad y respeto a la dignidad humana; de la misma forma se debe trabajar con personas expertas y con las autoridades de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los órganos autónomos para consolidar el respeto y la promoción de tales derechos”.

La legisladora Karla Fiesco García, a nombre del PAN, acusó que “la vulneración de los derechos fundamentales en México es recurrente, sistemática y generalizada”, en la que incurren los tres niveles y órdenes de gobierno y los diferentes sectores gubernamentales. Aunado a esto, prosiguió, la entidad es una de las que mayormente resienten altos niveles de inseguridad y delincuencia que atentan contra los derechos básicos de las personas.

Se pronunció por acciones legislativas, así como políticas públicas transversales de corto, mediano y largo plazo que generen condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

Por el PRD, la legisladora Claudia González Cerón señaló que los representantes populares tienen la obligación de crear mecanismos y herramientas que permitan el ejercicio óptimo de los derechos humanos, buscando en cada proyecto de decreto, exhorto o punto de acuerdo su protección, “pues nosotros somos el medio para construir y mejorar el escenario en el cual los ciudadanos se desarrollan”.

En virtud de lo anterior, exhortó a sus compañeros a que, desde la tribuna, “protejamos día a día los derechos humanos, que como servidores públicos no permitamos las violaciones a los mismos y que enaltezcamos la soberanía de la cual somos parte con nuestras acciones”.

Crista Amanda Spohn Gotzel, del PT, apuntó que la mejor manera de defender y aplicar los derechos básicos es conocerlos y entender que son esenciales para el desarrollo de las personas. Se pronunció por atender de manera especial al sector de las personas con discapacidad que cotidianamente enfrentan innumerables retos para su desarrollo, al igual que debe hacerse con otros grupos vulnerables.

Reconoció que en este rubro se observan avances importantes para el fortalecimiento de la cultura del respeto a la dignidad de los individuos, protegiendo el derecho a la igualdad y obligando al Estado a velar por la observación de estos derechos. En este marco, dijo, “resulta de suma importancia crear conciencia para continuar y luchar por erradicar aquellos desafíos, transitando hacia delante en busca de la mejora de la calidad de vida de todos”.

María de Lourdes Garay Casillas, quien expuso el posicionamiento del PES y afirmó que para su bancada los derechos humanos son el principio básico de una sociedad, señaló como uno de los grandes males contra la libertad plena de las mujeres y sus derechos fundamentales al machismo y el patriarcado. “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no se ve, el feminicidio y la impunidad para el asesino; es la desaparición y es la violación”, sentenció.

Aplaudió además la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador, de darle el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la activista indígena Otilia Eugenio Manuel, quien se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del Ejército mexicano contra los pueblos indígenas, “pero en específico contra las mujeres indígenas, las que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y en constante riesgo por el simple hecho de ser indígenas”.

Cerró los posicionamientos la congresista sin partido Juliana Felipa Arias Calderón, quien apuntó que los derechos indígenas son parte también de los derechos humanos en general, “por lo que debe dárseles el mismo tratamiento”, acotó. Apuntó que la legislación en la materia presenta vicios que obstaculiza el pleno ejercicio de estos, como la falta de reconocimiento del porcentaje real de indígenas que habitan en la entidad, ya que sólo se reconoce como tales a quienes hablan alguna lengua originaria, cuando no es éste el único criterio para reconocerlos.

Esto, señaló, impide la asignación de los recursos adecuados y hace imposible avances objetivos en la materia. A todas luces, acusó, esto es violatorio de los derechos de los indígenas. También denunció que el Decreto 157 del año 2013 igualmente reconoce sólo la presencia indígena en 43 municipios, cuando la hay en todos.

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