Toluca, México, 22 de octubre de 2019.
La justicia y la defensa de los derechos humanos siguen siendo una materia pendiente en la entidad, en donde la inseguridad, los feminicidios y la desaparición de personas continúan al alza, señalaron diputados de morena, PT, PAN, PRD, PVEM, PES y sin partido, en tanto que el PRI preguntó por las políticas públicas que se han instrumentado para acercar la justicia y los derechos humanos a los mexiquenses.
En la comparecencia de Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, ante las comisiones de Procuración de Justicia y Derechos Humanos de la 60 Legislatura, con la que concluyeron las comparecencias de integrantes del gabinete estatal con motivo del segundo informe de gobierno, la diputada Alicia Mercado Moreno (morena) criticó el actuar de la secretaría respecto a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, reducir los feminicidios y atender la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.
Lamentó que en el segundo informe no exista información sobre las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y la falta de coordinación interinstitucional para atender el problema, al señalar que la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables de la Legislatura no ha sido convocada para reuniones al respecto, pese a estar marcado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez, también de morena, recalcó que las estadísticas de la dependencia indican escasos resultados en la atención a víctimas de delitos y subrayó que hay muchos ejemplos de injusticia, corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos, pues continúa la persecución de grupos indígenas, violaciones a los derechos de los presos en centros penitenciarios y condicionamiento, a cambio de dinero, de la entrega de brazaletes electrónicos a reos beneficiados con la libertad anticipada y preguntó por qué no se ha cumplido con la expectativa ciudadana de justicia y derechos humanos.
Del Grupo Parlamentario del PT, el diputado Sergio García Sosa indicó que el acceso a la justicia, el fortalecimiento de los derechos humanos y la atención a víctimas son labores que, de acuerdo con las estadísticas y la percepción ciudadana, tiene pendientes la secretaría; solicitó información del actuar de la Comisión de Búsqueda de Personas y la razón por la que no tiene una página de internet; sobre qué se hace para ejecutar plenamente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y de la situación de los presos políticos.
Recalcó que es necesario acercar trámites y servicios a los mexiquenses porque la diversidad del estado exige políticas públicas adecuadas a cada región. Habló también de reforzar los trabajos con los notarios públicos y hacer eficientes los servicios del Registro Civil; cuestionó si el gobernador creará el municipio 126 en atención a los reclamos de vecinos de San Francisco Tlalcilalcalpan, en Almoloya de Juárez y Zinacantepec.
Del PAN, el legislador José Antonio García García sostuvo que la entidad atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia y los derechos humanos, y especificó que la impunidad, la violencia contra personas defensoras y periodistas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la niñez, la seguridad y la justicia, son los principales problemas que padecen los mexiquenses, y puntualmente señaló que no se ha logrado detener los feminicidios, porque al día mueren 1.2 mujeres en la entidad.
Reprochó que el estado tenga los índices más altos de impunidad (según el Índice Global de Impunidad 2018), pues de 202 mil 205 carpetas de investigación, únicamente hubo mil 209 sentenciados en primera instancia, y que solo se cuente con 329 defensores públicos para 16 millones de mexiquenses.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, centró su participación en los casos de corrupción de la administración del exgobernador Eruviel Ávila Villegas y cuestionó qué ha hecho la secretaría respecto del probable desvío de 14 mil millones de pesos; el incremento de la deuda en el sector salud; los 34 millones de pesos sin comprobar del Auditorio Metropolitano de Tecámac; el que la Secretaría de Finanzas no haya aplicado activos por 20 millones de pesos, y las irregularidades en las concesiones a OHL (ahora Aleática).
También preguntó qué se ha hecho mal en el combate a los feminicidios y la violencia de género cuál es la estrategia y el manejo de recursos, y cuántas víctimas, niñas, niños y adolescentes fueron registrados en el segundo año del gobierno estatal.
En representación de la bancada del PVEM, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón recriminó que la entidad ocupe el segundo lugar nacional en feminicidios y que la tendencia vaya al alza pese a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por lo que preguntó por los análisis georreferenciados de la incidencia delictiva para erradicar el problema.
También pidió conocer las acciones para evitar la corrupción en los centros penitenciarios y la razón por la cual la burocracia frena la inversión a través del DUF; sugirió capacitar a los defensores en las lenguas de los pueblos originarios. Reconoció la implementación de las Caravanas por la Justicia Cotidiana y pidió los avances en el desarrollo del sistema informático Vitral y de los amparos contra tres nombramientos de notarios.
La legisladora María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del PES, preguntó por las acciones para combatir el nepotismo en el nombramiento de notarios y si se ha hecho algo al respecto de las 12 notarías en las que el exgobernador Ávila Villegas colocó a colaboradores cercanos, además reprochó que la desaparición de personas sea más grave en la entidad para las mujeres menores de edad.
Añadió cuestionamientos sobre si hay un proyecto de reforma respecto del pago de pensiones del Issemym sin aumento de cuotas y sin que el fondo solidario sea sustituido por afores, así como acerca de la estrategia para asegurar los servicios de salud a los derechohabientes.
El legislador Carlos Loman Delgado solicitó información respecto a lo realizado por la dependencia en materia de límites intermunicipales y la creación de nuevas localidades; de la prevención y erradicación de la violencia, el acoso escolar y la atención a la población indígena, y sugirió que las políticas en derechos humanos se apliquen de manera generalizada en la entidad.
La diputada Juliana Felipa Arias Calderón recriminó que la entidad lleve dos alertas por violencia de género contra las mujeres y preguntó por qué ya no se realizan mesas de trabajo interinstitucionales para abordar la situación; solicitó saber cuáles son las estrategias para combatir las desapariciones, los feminicidios y la trata de personas, así como para la seguridad de los hombres, y además solicitó protección efectiva en la impartición de justicia para los grupos vulnerables, en particular el sector indígena.
El diputado Telésforo García Carreón, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó cuáles fueron las políticas públicas de la secretaría respecto al acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, además de que cuestionó sobre la postura del secretario sobre los dos proyectos de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y cómo se podría conciliar para que la institución continúe con su labor académica.
El secretario Rodrigo Espeleta subrayó que en materia de feminicidios debe apostarse por la prevención, porque no hay policías, jueces ni Ministerios Públicos que alcancen para revertir la situación y consideró necesario crear nuevas masculinidades desde los niños, para modificar conductas arraigadas.
Del sistema Vitral, reconoció que hace falta homologar la información para que todas las dependencias de justicia tengan acceso rápido, y dijo que los nombramientos de los notarios fueron legales, pero destacó que se está implementando el nombramiento a través de convocatorias y exámenes, que el 70% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas y que los 30 millones de pesos para los municipios con declaratoria de Alerta de Género se destinarán a los proyectos que sean aprobados.
Puntualizó que la Defensoría debería contar con al menos mil 200 abogados, que la protección a víctimas se da a mujeres y hombres, que hay coordinación con otras instancias para el análisis georreferenciado para identificar en qué colonias y municipios hay mayores índices de violencia contra las mujeres, y que para la creación de un nuevo municipio hay dos solicitudes, una a favor y otra en contra, por lo que aún no se define la situación.
Detalló que las mesas de trabajo con los colectivos y familiares de personas desaparecidas no se han suspendido, que hay que optimizar el sistema de justicia penal, que las caravanas por la justicia tienen un presupuesto de 25 millones de pesos anuales, y respecto al DUF dijo que ya hay un área específica para su atención y un plazo para resolver los trámites, con lo que se bajó de 14 a cinco meses (o tres meses en casos de unidades económicas de alto riesgo o incluso de tres semanas para unidades de mediano y alto impacto).
